Se hallaron 22 paquetes de información de recobros valorados en 22.000 millones de pesos.
EXTRAIDO DE ELTIEMPO.COM
Las cuentas fueron aprobadas a cinco EPS, informó el director de la Policía, general Óscar Naranjo. Indicó que se estima que casi 2 mil millones de pesos serían desviados.
Explicó que el cálculo se da porque, de acuerdo con la investigación, se cobraba el 10 por ciento como supuesta comisión. El general Naranjo dijo que la información contenida ya fue asegurada en cadena de custodia.
El saqueo al sector salud es superior a los 4,5 billones de pesos, hecho que generó la orden de captura hacia las 3:00 a.m. de los primeros cinco implicados por parte del juez 48 de control de garantías.
Las cinco capturas de este lunes son apenas el primer capítulo de un megaescándalo de corrupción.
El robo de la plata de la salud de todos los colombianos, por el que fueron detenidas cinco personas, entre ellas un ejecutivo de la EPS Sanitas y una alta funcionaria del Ministerio de la Protección, es apenas la punta del iceberg de un desfalco que supera los 4,5 billones de pesos -según cuentas de la Policía- y en el que están implicadas centenares de personas.
Ayer, el presidente Juan Manuel Santos, acompañado de las cabezas de los organismos de control e investigación, y del ministro de la Protección, Mauricio Santa María, aseguró que su gobierno será "implacable en castigar a los responsables de estos hechos, sean quienes sean".
"Esto va a llegar muy lejos", anunció el mandatario. Y agregó: "Nos enfrentamos a enemigos muy poderosos".
Desde octubre pasado, el Ministerio convocó un equipo interinstitucional para empezar a examinar los recobros en el sistema de salud, es decir, los servicios y medicamentos que no están cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (POS), pero que se autorizan y son asumidos por el Estado, a través del Fosyga.
Se trata de un rubro que saltó de 300.000 millones de pesos en el 2007 a 2,4 billones el año pasado, y que es considerado por los expertos como una de las venas rotas del sistema de salud pública.
Hace mes y medio, por la denuncia de un ciudadano, la Policía empezó a seguir a las personas detenidas, que habrían participado en irregularidades por cerca de 30.000 millones de pesos.
Pero, como lo destacó Santos, apenas se ha revisado el 10 por ciento de uno solo de los diez frentes de investigación abiertos: el de la intermediación para los recobros (el trámite que se surte entre los reclamos de las EPS y el pago en el Fosyga).
La Policía y la Fiscalía analizan la información de cerca de 10.000 folios y de computadores que se recuperaron hace dos meses en uno de los nueve allanamientos realizados en medio la investigación. Fue a las oficinas del Fosyga.
El general Óscar Naranjo, director de la Policía, aseguró que el grupo élite, integrado por expertos en 8 disciplinas (entre los que hay contadores, administradores, médicos, abogados y expertos en telemática), encontró evidencias de que la defraudación se viene realizando al menos desde el 2008.
Señaló que, además, los implicados supuestamente cobraban el 10 por ciento como 'mordida' para agilizar los trámites de los recobros ante el Fosyga.
"Hay casos de enfermos terminales a los que nunca les llegaron los medicamentos a los que tenían derecho, porque estos eran desviados para ser vendidos en el mercado negro", dijo Naranjo.
Investigan en 5 EPS
En algunos casos, en vez de responder por el 50 por ciento por medicamentos y tratamientos ordenados vía tutela, el Estado terminó pagando, sin saberlo, el 85 por ciento del valor. El excedente terminó en bolsillos de corruptos.
Las investigaciones apuntan a funcionarios públicos, particulares y empleados de al menos cinco EPS.
Tres modalidades eran las más frecuentes: recobros por
medicamentos con sobrecostos superiores al 1.000 por ciento , pagos a nombre de personas que no estaban identificadas o no existían y cobros a nombre de otras que nunca recibían los tratamientos.
Este lunes fueron detenidas cinco personas. Una fue sorprendida cuando supuestamente intentaba destruir información, pero quedó en libertad.
Según el expediente, Claudia Patricia Rojas, coordinadora de análisis del gasto del Ministerio de la Protección, tenía un papel fundamental en la red, pues era quien se encargaba de autorizar y dar conceptos favorables a pagos por procedimientos o requerimientos que no estaban incluidos en el POS.
"Emitía conceptos contrarios a la ley para levantar las glosas (reparos) y observaciones que hacía Fidufosyga, institución que evalúa la viabilidad de los reclamos de las EPS", señalan fuentes de la Fiscalía. En el momento de la captura, a Rojas le encontraron 25 millones de pesos en efectivo.
Hasta 20 años de cárcel
De acuerdo con la Policía y la Fiscalía, la red creó empresas fachada, como QAV, que se encargaban de hacer solicitudes de reconsideración sobre conceptos negativos del Fosyga. Por intermediar los pagos, la red cobraba entre el 4 y el 6 por ciento del valor de los reclamos.
La fiscal Viviane Morales anunció que imputará cargos por concierto para delinquir, prevaricato por acción, peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito, que les podrían dar hasta 20 años de prisión.
Otro de los capturados es Luis Andrés Ruiz, quien hasta hace 10 meses era el encargado de administrar la base de datos del Ministerio, por lo que tenía acceso a información de pacientes y de las solicitudes en curso.
A través de él, dicen los investigadores, centenares de personas que jamás tuvieron medicamentos o tratamientos no incluidos en el POS aparecen como beneficiarios en registros oficiales.
Siete de las trampas en el sistema
1. Cobro de comisiones para levantar glosas, es decir, eliminar reparos para gestionar los recobros ante el Fosyga.
2. Presentación de cuentas a nombre de personas inexistentes, con cédulas falsas, o incluso de personas ya fallecidas.
3. Inflan de manera exagerada los valores de medicamentos y procedimientos que no están en el POS. Incluso hasta en un 500 por ciento.
4. Permiten que una misma factura, a nombre de un mismo paciente, se pague varias veces.
5. Recobros por medicamentos e insumos que nunca se utilizaron o que nunca les entregaron a los pacientes.
6. Pagos por servicios y medicamentos no incluidos en el POS y supuestamente logrados por tutelas, que en realidad no se interpusieron.
7. Recobro de medicamentos e insumos de contrabando.
Esperamos que se establezcan las responsabilidades: EPS
Las EPS, que son las que más recobran al sistema de salud por los medicamentos y procedimientos no incluidos en el POS, afirmaron ayer, a través de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que las agremia, que apoyarán las investigaciones.
En un escueto comunicado, dijeron esperar que se "establezcan
las responsabilidades del caso".
Uno de los seis detenidos en el operativo de ayer es Héctor Mauricio Durán, subgerente de Cartera de la EPS Sanitas. Según le dijo a EL TIEMPO el presidente de esa EPS, Juan Pablo Currea, las actuaciones de Durán "se dieron por fuera de los lineamientos institucionales". Aseguró que la entidad "no recurre a los intermediarios" para hacer los recobros.
Currea afirmó que harán una investigación interna para saber si el nombre de la EPS Sanitas "ha sido utilizado para cometer actos fraudulentos".
En la plenaria del Senado, debate convocado por el Polo
El escándalo de corrupción en la salud, denunciado ayer por el Gobierno, será el tema central del debate citado por congresistas del Polo Democrático para esta tarde, en la plenaria del Senado. El senador Jorge Enrique Robledo le envió al ministro de Protección, Mauricio Santa María, un cuestionario con más de 100 preguntas, a propósito de los graves problemas de sobrecostos en medicamentos, que, según él, ascienden a casi 1 billón de pesos y en los que estarían involucradas las EPS Saludcoop, Cafesalud y Cruz Blanca.
El Ministro también tendrá que responder por la decisión del Superintendente de Salud, Conrado Gómez, de resolver a favor de la EPS Saludcoop una conciliación por más de 630.000 millones de pesos.
Así mismo, según Robledo, se abordará la denuncia hecha el pasado fin de semana por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la supuesta conformación de un "cartel" de las EPS agremiadas en Acemi para manipular los recursos del sistema de salud.
Estos fueron los cinco capturados
Claudia Patricia Rojas, coordinadora de análisis del gasto del Ministerio de la Protección.
Luis Andrés Ruiz, ex administrador de las bases de datos del Ministerio de la Protección. Él y Rojas eran los supuestos responsables de gestionar y conformar empresas para asesorías a determinadas EPS sobre los cobros. Una de las empresas era QAV.
Héctor Mauricio Durán, subgerente de cartera de la EPS Sánitas.
- Jhon Carlos Lemus, ingeniero de sistemas.
- Eduardo Medina Millán, administrador de empresas. Supuesto encargado de contactar a las EPS, brindar asesorías y poner a la gente en contacto con Claudia Patricia Rojas.
Se hallaron 22 paquetes de información de recobros valorados en 22.000 millones de pesos.
Las cuentas fueron aprobadas a cinco EPS, informó el director de la Policía, general Óscar Naranjo. Indicó que se estima que casi 2 mil millones de pesos serían desviados.
Explicó que el cálculo se da porque, de acuerdo con la investigación, se cobraba el 10 por ciento como supuesta comisión. El general Naranjo dijo que la información contenida ya fue asegurada en cadena de custodia.
El saqueo al sector salud es superior a los 4,5 billones de pesos, hecho que generó la orden de captura hacia las 3:00 a.m. de los primeros cinco implicados por parte del juez 48 de control de garantías.
Las cinco capturas de este lunes son apenas el primer capítulo de un megaescándalo de corrupción.
El robo de la plata de la salud de todos los colombianos, por el que fueron detenidas cinco personas, entre ellas un ejecutivo de la EPS Sanitas y una alta funcionaria del Ministerio de la Protección, es apenas la punta del iceberg de un desfalco que supera los 4,5 billones de pesos -según cuentas de la Policía- y en el que están implicadas centenares de personas.
Ayer, el presidente Juan Manuel Santos, acompañado de las cabezas de los organismos de control e investigación, y del ministro de la Protección, Mauricio Santa María, aseguró que su gobierno será "implacable en castigar a los responsables de estos hechos, sean quienes sean". "Esto va a llegar muy lejos", anunció el mandatario. Y agregó: "Nos enfrentamos a enemigos muy poderosos".
Desde octubre pasado, el Ministerio convocó un equipo interinstitucional para empezar a examinar los recobros en el sistema de salud, es decir, los servicios y medicamentos que no están cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (POS), pero que se autorizan y son asumidos por el Estado, a través del Fosyga. Se trata de un rubro que saltó de 300.000 millones de pesos en el 2007 a 2,4 billones el año pasado, y que es considerado por los expertos como una de las venas rotas del sistema de salud pública.
Hace mes y medio, por la denuncia de un ciudadano, la Policía empezó a seguir a las personas detenidas, que habrían participado en irregularidades por cerca de 30.000 millones de pesos.
Pero, como lo destacó Santos, apenas se ha revisado el 10 por ciento de uno solo de los diez frentes de investigación abiertos: el de la intermediación para los recobros (el trámite que se surte entre los reclamos de las EPS y el pago en el Fosyga).
La Policía y la Fiscalía analizan la información de cerca de 10.000 folios y de computadores que se recuperaron hace dos meses en uno de los nueve allanamientos realizados en medio la investigación. Fue a las oficinas del Fosyga.
El general Óscar Naranjo, director de la Policía, aseguró que el grupo élite, integrado por expertos en 8 disciplinas (entre los que hay contadores, administradores, médicos, abogados y expertos en telemática), encontró evidencias de que la defraudación se viene realizando al menos desde el 2008.
Señaló que, además, los implicados supuestamente cobraban el 10 por ciento como 'mordida' para agilizar los trámites de los recobros ante el Fosyga.
"Hay casos de enfermos terminales a los que nunca les llegaron los medicamentos a los que tenían derecho, porque estos eran desviados para ser vendidos en el mercado negro", dijo Naranjo.
Investigan en 5 EPS
En algunos casos, en vez de responder por el 50 por ciento por medicamentos y tratamientos ordenados vía tutela, el Estado terminó pagando, sin saberlo, el 85 por ciento del valor. El excedente terminó en bolsillos de corruptos.
Las investigaciones apuntan a funcionarios públicos, particulares y empleados de al menos cinco EPS.
Tres modalidades eran las más frecuentes: recobros por
medicamentos con sobrecostos superiores al 1.000 por ciento , pagos a nombre de personas que no estaban identificadas o no existían y cobros a nombre de otras que nunca recibían los tratamientos.
Este lunes fueron detenidas cinco personas. Una fue sorprendida cuando supuestamente intentaba destruir información, pero quedó en libertad.
Según el expediente, Claudia Patricia Rojas, coordinadora de análisis del gasto del Ministerio de la Protección, tenía un papel fundamental en la red, pues era quien se encargaba de autorizar y dar conceptos favorables a pagos por procedimientos o requerimientos que no estaban incluidos en el POS.
"Emitía conceptos contrarios a la ley para levantar las glosas (reparos) y observaciones que hacía Fidufosyga, institución que evalúa la viabilidad de los reclamos de las EPS", señalan fuentes de la Fiscalía. En el momento de la captura, a Rojas le encontraron 25 millones de pesos en efectivo.
Hasta 20 años de cárcel
De acuerdo con la Policía y la Fiscalía, la red creó empresas fachada, como QAV, que se encargaban de hacer solicitudes de reconsideración sobre conceptos negativos del Fosyga. Por intermediar los pagos, la red cobraba entre el 4 y el 6 por ciento del valor de los reclamos.
La fiscal Viviane Morales anunció que imputará cargos por concierto para delinquir, prevaricato por acción, peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito, que les podrían dar hasta 20 años de prisión.
Otro de los capturados es Luis Andrés Ruiz, quien hasta hace 10 meses era el encargado de administrar la base de datos del Ministerio, por lo que tenía acceso a información de pacientes y de las solicitudes en curso.
A través de él, dicen los investigadores, centenares de personas que jamás tuvieron medicamentos o tratamientos no incluidos en el POS aparecen como beneficiarios en registros oficiales.
Siete de las trampas en el sistema
1. Cobro de comisiones para levantar glosas, es decir, eliminar reparos para gestionar los recobros ante el Fosyga.
2. Presentación de cuentas a nombre de personas inexistentes, con cédulas falsas, o incluso de personas ya fallecidas.
3. Inflan de manera exagerada los valores de medicamentos y procedimientos que no están en el POS. Incluso hasta en un 500 por ciento.
4. Permiten que una misma factura, a nombre de un mismo paciente, se pague varias veces.
5. Recobros por medicamentos e insumos que nunca se utilizaron o que nunca les entregaron a los pacientes.
6. Pagos por servicios y medicamentos no incluidos en el POS y supuestamente logrados por tutelas, que en realidad no se interpusieron.
7. Recobro de medicamentos e insumos de contrabando.
Esperamos que se establezcan las responsabilidades: EPS
Las EPS, que son las que más recobran al sistema de salud por los medicamentos y procedimientos no incluidos en el POS, afirmaron ayer, a través de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que las agremia, que apoyarán las investigaciones.
En un escueto comunicado, dijeron esperar que se "establezcan
las responsabilidades del caso".
Uno de los seis detenidos en el operativo de ayer es Héctor Mauricio Durán, subgerente de Cartera de la EPS Sanitas. Según le dijo a EL TIEMPO el presidente de esa EPS, Juan Pablo Currea, las actuaciones de Durán "se dieron por fuera de los lineamientos institucionales". Aseguró que la entidad "no recurre a los intermediarios" para hacer los recobros.
Currea afirmó que harán una investigación interna para saber si el nombre de la EPS Sanitas "ha sido utilizado para cometer actos fraudulentos".
En la plenaria del Senado, debate convocado por el Polo
El escándalo de corrupción en la salud, denunciado ayer por el Gobierno, será el tema central del debate citado por congresistas del Polo Democrático para esta tarde, en la plenaria del Senado. El senador Jorge Enrique Robledo le envió al ministro de Protección, Mauricio Santa María, un cuestionario con más de 100 preguntas, a propósito de los graves problemas de sobrecostos en medicamentos, que, según él, ascienden a casi 1 billón de pesos y en los que estarían involucradas las EPS Saludcoop, Cafesalud y Cruz Blanca.
El Ministro también tendrá que responder por la decisión del Superintendente de Salud, Conrado Gómez, de resolver a favor de la EPS Saludcoop una conciliación por más de 630.000 millones de pesos.
Así mismo, según Robledo, se abordará la denuncia hecha el pasado fin de semana por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la supuesta conformación de un "cartel" de las EPS agremiadas en Acemi para manipular los recursos del sistema de salud.
Estos fueron los cinco capturados
Claudia Patricia Rojas, coordinadora de análisis del gasto del Ministerio de la Protección.
Luis Andrés Ruiz, ex administrador de las bases de datos del Ministerio de la Protección. Él y Rojas eran los supuestos responsables de gestionar y conformar empresas para asesorías a determinadas EPS sobre los cobros. Una de las empresas era QAV.
Héctor Mauricio Durán, subgerente de cartera de la EPS Sánitas.
- Jhon Carlos Lemus, ingeniero de sistemas.
- Eduardo Medina Millán, administrador de empresas. Supuesto encargado de contactar a las EPS, brindar asesorías y poner a la gente en contacto con Claudia Patricia Rojas.
